El magisterio promueve una fuerte apuesta contra tercerizaciones claves en la provincia

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La agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) inició una campaña de recolección de firmas para presentar un proyecto de Ley en la Legislatura entrerriana para prohibir al Poder Ejecutivo y a los órganos autárquicos, autónomos o descentralizados de la administración pública provincial, “delegar en particulares la liquidación de los sueldos de funcionarios y empleados públicos, sin distinción de la forma jurídica de la contratación”.

En un año clave, los docentes impulsan una discusión estratégica basa en una disyunción: tercerización y privatizaciones o derechos y defensa del Estado. La propuesta “es un hecho político en un año electoral”, afirmó a esta Agencia la secretaria de Jubilados de Agmer por la minoría Rojo y negro en la Comisión Directiva Central  (CDC), Alejandra Gervasoni, quien contó que el proyecto —que se presentará mediante el dispositivo institucional previsto en el artículo 49 de la Constitución Provincial— tiene por finalidad quitar toda posibilidad jurídica a la privatización que se hiciera de la liquidación de los haberes de funcionarios, empleados y docentes de la administración pública provincial, al ser encomendada la misma a un particular -Lemondata S.A.- y cualquier otra que se pretenda hacer en el futuro.

Se trata de un proyecto “eminentemente político, pues en rigor, entendemos que la privatización de la liquidación efectuada carece de validez jurídica, en virtud de la vigencia del artículo 45 de la Constitución Provincial, dispositivo normativo que establece que ‘ningún magistrado o empleado público podrá delegar, sin autorización legal, sus funciones en otra persona; ni un Poder delegar en otro sus facultades constitucionales, siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya sea por autorización suya o con cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por esta Constitución’. Es decir, para hacer la privatización (tercerización o externalización en el lenguaje neutro de los funcionarios provinciales), en cualquier caso se precisa de la autorización legislativa; una Ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo”.

De todas formas, en lugar de plantear acciones ante la rama judicial del Estado “se ha preferido utilizar este mecanismo institucional de democracia participativa, a fin de presionar a los representantes del pueblo en la dirección política de afirmación de funciones estatales muy básicas. Presión legítima y puramente democrática, efectuada dentro del marco institucional previsto, con la finalidad de fortalecer el sistema político y el Estado de Derecho”, contó la dirigente, quien recordó que la reforma constitucional de 2008 –en sintonía con la reforma nacional de 1994- mantuvo el régimen de democracia representativa incorporando algunas instituciones de democracia semi-directa, las cuales son plenamente operativas en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto, segundo párrafo de la Constitución Provincial, que asegura al pueblo la plena participación en las decisiones de los poderes públicos sobre los asuntos de interés general a través de los procedimientos que la Constitución dispone, y del artículo 15, que asegura la plena operatividad de los derechos y garantías constitucionales.

En los fundamentos de la iniciativa se explica que la delegación efectuada “no sólo aparece como un componente neoliberal impropio, sino que fundamentalmente importa el acrecentamiento de las zonas oscuras del Estado, denunciada por Bobbio con lucidez como contrarias a la vigencia efectiva de la democracia. Asimismo, el criterio neoliberal del Gobierno provincial de ‘tercerizar’ o ‘externalizar’ las liquidaciones se da de bruces frente a la ineficiencia que han demostrado los particulares, en contraste con la burocracia estatal, que ha demostrado mayor capacidad. Frente a ello, el presente proyecto viene a reafirmar el rol del Estado en el manejo de los asuntos de la propia burocracia estatal, la que no puede quedar en manos de estructuras burocráticas particulares (empresas)”.

En ese marco, remarcaron que privatizar actividades de administración de la propia estructura estatal “resulta desmesurado aún para los neoliberales más acérrimos, pues el neoliberalismo ‘sólo’ cuestiona la presencia del Estado en el sector privado, en particular en el ámbito de la economía, sea produciendo bienes y servicios que pueden producir empresas privadas, bien regulando la actividad económica”.

Además, la norma impulsada “trata pues de una prohibición en beneficio de la legitimidad y capacidad del Estado, de la transparencia y de los derechos de los trabajadores estatales y docentes cuyos sueldos deben ser liquidados por estructuras transparentes, eficaces y eficientes”.

“No discutimos cualquier cosa, discutimos el salario, que es lo medular en el trabajador y estos hombres actuaron deliberadamente y su actitud cínica nos llevó a muchos trabajadores no cobrar durante meses sueldos”, subrayó.